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El Gobierno de Perú aseguró este lunes en Ginebra que aumentará su colaboración con la ONU en cuestiones de derechos humanos, a través de un nuevo acuerdo y de visitas de expertos de esta organización que evaluarán en qué medida se respetan y protegen en este país los derechos y libertades fundamentales.En un discurso pronunciado en la sesión inaugural de la 52º sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, la ministra peruana de Exteriores, Ana Gervasi, dijo que el actual gobierno suscribirá un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El objetivo -agregó- será «fortalecer las capacidades del Estado» en áreas como la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la discriminación racial.
Perú atraviesa una profunda crisis política y social, tras semanas de manifestaciones ciudadanas que siguieron a la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, como consecuencia de su intento de cerrar un Congreso hostil y gobernar por decreto.
«El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte está convencido de que la salida a esta difícil coyuntura es a través del diálogo social, amplio e inclusivo, y reconocemos el apoyo que pueden brindar organizaciones como la ONU para complementar nuestros esfuerzos para tender puentes entre los peruanos», sostuvo.
La ministra anunció que este año está previsto que el relator de Naciones Unidas sobre el racismo visite Perú y que se ha solicitado que el relator sobre ejecuciones extrajudiciales adelante a este año una misión que tiene planeado realizar en 2024 al país andino.
«Además, hemos extendido una invitación al relator sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación, y esperamos de que ambas puedan concretarse en el más breve plazo», comentó.
Gervasi consideró que el acompañamiento de los mecanismos de derechos humanos de este tipo será útil para «crear condiciones de confianza y diálogo».
Sobre las manifestaciones, la represión ejercida por las fuerzas del orden y el medio centenar de muertos en este contexto, la ministra sostuvo que las autoridades están realizando «con imparcialidad, independencia y sin dilaciones las investigaciones correspondientes en el fuero civil».
Indicó que se esperan los resultados «al más breve plazo», con el fin de «procesar y sancionar a quienes resulten responsables de las afectaciones a la vida, a la integridad y a la propiedad pública y privada».
