El juez Fernando Alarcón denegó o rechazó la acción popular que presentaron las autoridades del ayllu sikoya en contra de la Corporación Minera de Bolivia, el Ministerio de Medio Ambiente, la gobernación de Potosí y la alcaldía de Llallagua para que reparen el desastre ambiental ocurrido el 16 de marzo en Andavillque, municipio de Llallagua, norte de Potosí.
Se decidió únicamente que se realicé una auditoría ambiental en el lugar.
Teodoro Blanco, asesor de las autoridades del ayllu Sikoya aclaró el objetivo de esta demanda:
1.- Que el juez obligue a los accionados o demandados a contar con un plan de contingencia y ejecutar ese plan para reparar el desastre ambiental que afecta el río, la tierra en el lugar, municipio de Llallagua, ayudar a los vecinos-vecinas del lugar y a los comunarios cuyos derechos ambientales han sido violados.
2.- Que se inicie una investigación para sancionar a los responsables de este desastre ambiental. En este punto señalan a COMIBOL como titular de los pasivos ambientales y de la laguna El Q´enqo. Aclaran que el Ministerio de Medio Ambiente incumplió sus deberes de prevención y aplicación de la ley del medio ambiente en este caso, y la gobernación de Potosí y la alcaldía de Llallagua debieron haber tomado previsiones porque el hecho se produjo en su territorio.
3.- Que se realice una auditoría ambiental para determinar la magnitud o tamaño del desastre ambiental, porque los pasivos de COMIBOL contienen cadmio, arsénico, sulfuros y otros contaminantes que afectan a las poblaciones del lugar desde hace muchos años.
Teodoro Blanco, dijo que el juez debe enviar de oficio este caso al Tribunal Constitucional para su revisión e interpretación y dar la razón a una de las partes o en su caso lo que corresponda.
Dijo también que iniciarán una demanda de prevaricato contra el juez Fernando Alarcón por desviarse del camino correcto a lo que manda la ley.
En respuesta, el abogado de la alcaldía de Llallagua dijo que ya emitieron una ley de desastre municipal, no desastre ambiental, sino municipal. El informe de los técnicos de la comuna señala que el daño ambiental es alto en Andavillque y en comunidades cercanas y por tanto corresponde que el alcalde Adalid Jorge inicie una demanda contra los autores, sin identificarlos.
El informe de la Corporación Minera de Bolivia señala que ellos no tienen ninguna operación minera en el lugar, sino que los pasivos ambientales y reservas mineras fueron adjudicadas a cooperativas mineras.
Asimismo aclaran que la inundación de la laguna El Q´enqo se debe a intensa lluvia y a vecinos y vecinas que soltaron sus aguas servidas hacia esa laguna.
Aclaran también que los pasivos ambientales del Q´enqo datan de los tiempos de Patiño. Dicen que lo que corresponde es iniciar una investigación pero esa tarea debe darse en otra instancia y no en un juzgado.
El desastre ambiental de Andavillque ocurrió en la madrugada del 16 de marzo de este año. Cuando las aguas de la laguna El Q´enqo arrastraron pasivos ambientales del lugar y crearon una mazamorra que inundó Andavillque, provocando la muerte de una persona, la destrucción de 35 viviendas, la muerte de centenares de llamas y ovejas y enterró a 3 personas en el lodo a quienes rescataron con vida. Asimismo arrastró la mazamorra hacia comunidades del ayllu Chullpa y el Ayllu Sikoya y llegó, según verificación de Radio PIO XII, hasta comunidades del municipio de Caripuyo y Colloma, municipio de Sacaca en la provincia Alonso de Ibáñez.
La demanda de acción popular está respaldada por la Constitución Política del Estado y se activa cuando se violan los derechos de la tierra o de las personas a vivir libre de contaminación. Su tratamiento es sumarísimo o rápido.
