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La economía ilegal en la región, principalmente la de la minería aurífera en la Amazonía, ha alcanzado tal magnitud que su existencia y pujanza sólo puede ser explicada por un alto nivel de complicidad por parte de los Estados, advirtieron dos investigadores de Venezuela y Brasil. En Bolivia, la minería ilegal del oro ha cobrado notoriedad en los últimos años y avanza acompañada por la permisividad de la administración pública.
En un conversatorio en línea organizado por la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, el sociólogo e investigador venezolano Emiliano Terán apuntó como una de las causas del crecimiento de la economía ilegal del oro el auge de la corrupción política. Se ha alcanzado —subrayó— preocupantes “niveles de permisividad y articulación entre estas redes ilícitas y las esferas estatales”.
Latinoamérica ha estado históricamente vinculada a procesos de extractivismo. Los negocios ilícitos, por supuesto, no sólo ocurre en el sector aurífero, que después de la pandemia ha cobrado realce, sino también en el tráfico de especies silvestres, de madera, de droga, entre otros.
En Bolivia, el oro metálico se ha convertido en el principal producto de exportación, por encima incluso de los hidrocarburos. En 2022, el país exportó 3.003 millones de dólares en oro metálico de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra nunca antes vista desde que se tiene registro. Las exportaciones de gas llegaron sólo a 2.973 millones.
El 99 por ciento de la producción de oro en el país corresponde a las cooperativas mineras auríferas, la mayor parte de éstas emplazadas en el norte de La Paz, según datos del Ministerio de Minería. Estos grupos operan, en muchos casos, al margen de la ley, violando normas ambientales, no pagan impuestos y negocian el saqueo del oro boliviano por parte de empresas chinas a través de acuerdos ilegales.
Terán exhibió un estudio de 2016 titulado “El nexo de la minería ilegal del oro y el tráfico de personas”, según el cual el 31 por ciento del oro producido entonces en Bolivia tenía fuentes ilegales. En Venezuela, la situación era más preocupante, pues el 91 por ciento de su oro era ilegal. En Colombia, el 80 por ciento; en Ecuador, el 77 por ciento, y en Perú, el 28 por ciento.
El vertiginoso crecimiento de la minería aurífera en la Amazonía ha provocado la deforestación del bosque tropical más grande del mundo.
“Tales niveles de dimensión de extracción difícilmente pueden pasar invisibles a la vista del Estado. ¿Qué niveles de articulación podríamos mencionar allí?”, cuestionó Terán.
Para la docente e investigadora brasileña Silvia Adoue, las actividades ilegales no sólo las realizan grupos criminales, sino, en muchos casos, organismos públicos que cometen delitos.
Mencionó que entre 2015 y 2020 se extrajeron 200 toneladas de oro ilegal de la Amazonía brasileña y que tan sólo en 2022, con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro a la llamada “minería a pequeña escala”, la minería ilegal creció en un 54 por ciento.
En Bolivia también se han promovido políticas públicas en favor del cooperativismo minero aurífero que, en alianza con empresas privadas extranjeras, operan a gran escala. Entre estas políticas está la posibilidad de permitir estas operaciones en áreas protegidas, así como el cobro de un impuesto único de 4,8 por ciento (que aún no ha entrado en vigencia), mucho más bajo a lo que paga el sector privado (encima del 25 por ciento).
