Fuente: La Razón.- Dicen José Pimentel, exministro de minería, quien señala que de manera urgente se deben aplicar lo que mandan las leyes medioambientales; y Cecilia Requena, senadora defensora del medio ambiente, quien exige cambios radicales y de fondo en las normas medioambientales; caso contrario, señalan que viene una destrucción o colapso del medio ambiente en Bolivia.
Medioambiente y agua: alerta sobre contaminación estructural
Cecilia Requena, senadora y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, fue enfática: «La situación ambiental en Bolivia es desastrosa y ha empeorado.»
Señaló que la contaminación del agua y los ecosistemas está directamente vinculada a un modelo de desarrollo extractivista que legitima la destrucción bajo el discurso del crecimiento económico.
Problemas identificados:
Contaminación por mercurio y agrotóxicos.
Destrucción de ecosistemas clave para el abastecimiento hídrico.
Empleo precario e informal en minería y agroindustria.
Propuestas:
Transición energética basada en fuentes limpias como el sol y el viento.
Agropecuaria sostenible, evitando monocultivos y agroquímicos.
Turismo como motor alternativo, vinculado a la economía creativa.
“Necesitamos transiciones pos-extractivistas. La minería tendrá un boom, pero debe ser controlado para no costarnos la vida misma”, destacó Requena.
Minería sin control y Estado debilitado
José Pimentel, exministro de Minería, criticó la falta de cumplimiento de la Constitución y las leyes ambientales. Aunque Bolivia reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, «el Estado no tiene fuerza cohesiva para hacer cumplir esas normas,» afirmó.
Puntos clave:
La minería informal predomina y no tributa.
El Estado prioriza la explotación sin garantizar derechos ni sostenibilidad.
Las leyes existen, pero no se aplican ni se fiscalizan.
Diagnóstico de Pimentel:
El modelo actual reproduce prácticas neoliberales disfrazadas de progreso.
La minería debe formalizarse, tributar y ser parte de un plan nacional.
Se requiere una nueva conciencia que priorice el bien común y la redistribución.
Pimentel subrayó: “Hay que cambiar el chip de acumulación de riqueza por el del vivir bien.”
Incendios, tierras y avasallamientos
Desde Santa Cruz, la diputada María René Álvarez alertó sobre una “intencionalidad política” en el avance de desmontes e incendios. Atribuyó el fenómeno a políticas que promueven el tráfico de tierras, el desmonte ilegal y el avasallamiento de áreas protegidas.
Cifras:
Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), proporcionadas por el periodista Diego Montaño, moderador del panel de especialistas, en 2023 Bolivia deforestó 696.362 hectáreas, ubicándose entre los tres países que más deforestaron en el mundo junto a Brasil y la República Democrática del Congo. Las causas se reparten entre ganadería (57 %), agricultura mecanizada (33 %) y agricultura a pequeña escala (10 %).
“La deforestación es la antesala de los incendios; es una forma barata de destruir bosque,” apuntó Montaño al introducir la problemática.
Denuncias de Álvarez:
El gobierno impulsa negocios inmobiliarios en áreas forestales.
Falta total de consulta previa en exploraciones de tierras raras, como el caso del cerro Manomó.
Se instauró una “arquitectura jurídica incendiaria” desde el Estado.
“El sistema centralista impide respuestas adecuadas; se han institucionalizado mecanismos poco transparentes”, apuntó Álvarez
Ver también: Gobierno se acerca con Irán a la exploración y explotación de tierras raras en el país
Tres voces exigen un giro en la agenda ecológica nacional
Cecilia Requena propuso un giro profundo: transitar hacia un modelo de sostenibilidad con políticas públicas basadas en el bien común y la vocación de los ecosistemas. Abogó por formalizar la minería, promover energías limpias y potenciar sectores como el turismo y la tecnología. “No podemos seguir destruyendo el planeta entero por hidrocarburos,” sentenció.
José Pimentel pidió un plan nacional que controle la explotación de recursos y no deje en manos del mercado decisiones estratégicas. Propuso que el Estado planifique, fiscalice y se beneficie directamente. “Hay que defender el principio del bien común y convivir entre todos los bolivianos,” concluyó.
María René Álvarez exigió descentralización, respeto por las regiones y un gobierno sin corrupción. Rechazó el modelo centralista y alertó sobre mafias insertas en las instituciones. “Lo principal es que el próximo gobernante tenga honestidad y transparencia,” afirmó
