Fuente: El Deber.- El daño de los incendios forestales del año pasado ha duplicado al que se registró en 2019. Según la Defensoría del Pueblo, en Bolivia ardieron 12 millones 600 mil hectáreas de bosques y pastizales. La cifra supera todos los registros históricos.
“De esta superficie afectada, 7.215.149 hectáreas (57 %) eran bosques y 5.443.008 hectáreas (43%) pastizales. Estos eventos afectaron gravemente a Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinas (NPIOC) y biodiversidad”, precisó la Defensoría del Pueblo
La institución defensorial valoró los “esfuerzos iniciales” de las entidades gubernamentales para cumplir una resolución constitucional que se emitió en octubre de 2024 y que fue impulsada por la misma Defensoría “ante los graves efectos e impactos de los incendios forestales y quemas descontroladas” registrados en el país.
No obstante, también consideró que esos esfuerzos fueron “insuficientes ante el grave riesgo de repetición de la crisis ambiental de 2024”.
La Defensoría expresó su “profunda preocupación por la protección” de los ecosistemas y urgió a las autoridades nacionales, regionales y municipales “a priorizar y asumir con seriedad la previsión y prevención necesarias para evitar la recurrencia de afectaciones ambientales como los registrados en las últimas dos décadas”.
También ratificó la necesidad de que el Estado rinda “cuentas públicas” e informe sobre el avance de sus planes y acciones preventivas para evitar que se repita lo ocurrido en 2024.
Militarización
Pobladores de Roboré expresaron su temor de que los incendios comiencen en cuanto pase la temporada de lluvias.
Ante esta situación, el director de la Administradora de Bosques y Tierras, Luis Flores, propuso que se militarice la zona susceptible de quemas. Lo que busca es que soldados patrullen los caminos vecinales y registren nombres y permisos de las personas que circulen por el lugar, a fin de que esta anotación disuada de iniciar fuegos.
Alarma
Los incendios son un problema recurrente en Bolivia entre junio y octubre, y el fuego se atribuye en muchos casos a los ‘chaqueos’, las quemas controladas para habilitar las tierras para la siembra o el pastoreo.
Indígenas y ambientalistas han pedido varias veces que el Ejecutivo anule las llamadas ‘leyes incendiarias’, las normas que desde hace algunos años autorizan los ‘chaqueos’.
El Gobierno de Luis Arce tuvo que declarar el “desastre nacional” ante la magnitud de los incendios ocurridos en 2024, que superaron los 5,2 millones de hectáreas quemadas en todo el país en 2019, que hasta ese momento fue el año con más afectaciones.
