By admin
El equipo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que investigó las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua anunció que proporcionará pruebas contra el presidente Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y altos miembros del Gobierno por los graves abusos que cometieron, entre ellos tortura y asesinato, para que sean juzgados en el extranjero por crímenes de lesa humanidad.
El presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), el alemán Jan-Michael Simon, pidió sanciones internacionales contra el Gobierno y comparó el historial de Nicaragua en materia de derechos humanos con el de los nazis, diciendo que las tácticas del régimen actual para mantenerse en el poder desde 2018 eran como las que se analizaron durante los juicios de Núremberg.
“El armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi”, resaltó.
El experto manifestó que es necesario buscar el ejercicio de jurisdicción universal, lo que implicaría que cualquier país podría empezar una acción penal contra el Estado nicaragüense.
Según el informe, el Ghren aplicó el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”. A pesar de que dicho umbral es inferior al que se requiere para determinar responsabilidades en un proceso penal, es “suficiente para justificar la realización de ulteriores investigaciones”. En ese sentido, aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma como para llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional, el equipo de investigadores emplaza a la comunidad internacional a que se arranquen procesos penales, cada país desde su jurisdicción, por estos crímenes, como lo hizo Argentina.
“Cualquier país que tenga el tipo penal de crímenes de lesa humanidad introducido en su orden jurídico interno, en su Código Penal, puede iniciar un proceso. Son muchos los Estados que reconocen el Estatuto de Roma, incluidos miembros de Naciones Unidas. Esto va asociado a una cláusula de jurisdicción que abre el camino a ejercer penalmente bajo el principio de universalidad”, explicó Jan-Michael Simon a El País.
