By El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que 7,8 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones judiciales del próximo 1 de diciembre, una jornada marcada por la controversia. Estas elecciones permitirán elegir a los jueces de las principales cortes del país, tras un proceso que ha sido accidentado y lleno de desafíos. Tahuichi Quispe, vocal del TSE, informó que se habilitarán 47.000 mesas de votación, con la participación de 8.000 notarios y 225.000 jurados, quienes supervisarán el correcto desarrollo del evento electoral.
En estas elecciones, los bolivianos decidirán los cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. El proceso electoral comenzó el pasado 13 de agosto con 169 candidatos aprobados por el Parlamento, de los cuales 12 han renunciado, quedando 127 postulantes en la contienda. Quispe señaló que, entre el 17 de octubre y el 27 de noviembre, el TSE se encargará de difundir los méritos de los postulantes a través de los medios de comunicación, ya que la normativa vigente prohíbe cualquier campaña política.
La elección de jueces a través del voto popular es un mandato establecido por la Constitución de 2009, que obliga a seleccionar a los magistrados de los principales tribunales del país mediante sufragio directo para un mandato de seis años. Sin embargo, en las elecciones de 2011 y 2017, la mayoría de los votantes emitieron votos nulos o en blanco como señal de rechazo, al considerar que el proceso estaba influenciado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido gobernante.
Originalmente, las elecciones judiciales debían realizarse en 2023, pero las diferencias entre el oficialismo y la oposición, junto con diversos recursos legales, hicieron que la convocatoria fuera retrasada en varias ocasiones. Finalmente, en diciembre pasado, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional extendieron su mandato y el de los jueces de las demás cortes para evitar lo que calificaron como un «vacío de poder» hasta la realización de nuevos comicios.
Esta extensión de mandato provocó una fuerte reacción de la oposición y de sectores del MAS, en particular los seguidores del expresidente Evo Morales, quienes llevaron a cabo protestas y bloqueos de caminos exigiendo la renuncia de los magistrados. Sin embargo, pese a la presión, los jueces mantuvieron sus cargos hasta la fecha de las nuevas elecciones.
