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25. jun 2017

 

La Red ecuménica Iglesias y Minería, conjuntamente con el Presidente y Secretario Ejecutivo de la Alianza internacional de organizaciones católicas para el desarrollo (CIDSE, por su sigla en inglés) y otros integrantes de esas organizaciones se reunieron en Vaticano con el Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En la reunión, que se cumplió el último 2 de marzo, se pidió al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral apoyo y protección para las víctimas afectadas por las industrias mineras y extractivas.

La red estuvo representada por Joselma Alves de Oliveira, moradora de la comunidad de Piquiá de Baixo, en la Amazonía brasileña, afectada por altos índices de polución minero-siderúrgica y en lucha para defender sus derechos. Joselma estuvo en días pasados a la ONU, donde informó a los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos que actúan en el caso desde 2014 sobre los avances y las urgencias de su comunidad.

La red Iglesias y Minería criticó la iniciativa de las empresas mineras que intentan aproximarse a las jerarquías de las iglesias para buscar legitimación e informó al Cardenal Turkson que las recientes visitas en los territorios, ofrecidas por las compañías a miembros de las iglesias, en muchos casos no incluyen la voz crítica de las comunidades afectadas y de las organizaciones que intentan defenderlas.

Por otro lado, se entregó también al Cardenal Turkson una carta de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas de Colombia y otra carta de la sociedad civil organizada colombiana que expresa también su oposición a las empresas mineras.

Para Bernt Nilles, de CIDSE, “hay obligaciones legales y estándares vinculantes que las empresas necesitan respetar. Es muy importante un dialogo de la Iglesia con las empresas y un esfuerzo para que haya ética en la minería, pero el dialogo no puede acontecer por debajo de esos estándares obligatorios”.

Iglesias y Minería informó al Sr. Cardenal sobre su buena colaboración con el departamento de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), a partir de la cual se quiere reforzar iniciativas descentralizadas de formación y debate sobre minería entre iglesias y comunidades, para defender los defensores de derechos humanos y para promover los derechos de las comunidades a sus territorios.

Fuente: Iglesias y Minería

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